Tras críticas, la SCJN intenta justificar compra millonaria de camionetas de lujo
Ciudad de México a 24 de enero de 206.- A través de un boletín, el Poder Judicial de la Federación (PJF) informó que, como parte de su política de austeridad y uso eficiente de los recursos públicos, realizó la renovación de su parque vehicular, una decisión que permitirá un ahorro estimado de 1,098 millones de pesos en el periodo 2026–2028.
De acuerdo con información oficial, entre 2022 y 2025 el entonces Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 vehículos, cuyo costo anual ascendía a 366.2 millones de pesos, con contratos mínimos de tres años.
Ante este escenario, el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la compra de 571 vehículos, que atenderán las necesidades de movilidad del OAJ, la SCJN y el TEPJF a partir de 2026. Esta inversión equivale al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento, lo que representa un ahorro significativo para las finanzas públicas.
La renovación también contempla beneficios operativos y ambientales. Del total de unidades adquiridas, 124 son híbridas y/o eléctricas, lo que permitirá reducir aproximadamente 30% el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental. Asimismo, se estima una reducción de al menos 70% en los costos de mantenimiento, ya que los vehículos anteriores presentaban fallas recurrentes y largos tiempos fuera de operación.
Otro beneficio del nuevo esquema es que, al concluir su vida útil, los vehículos podrán enajenarse a valor de mercado, a diferencia del modelo de arrendamiento previo, en el que las unidades se devolvían sin generar un beneficio adicional.
En el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el OAJ señaló que se habían registrado incidentes de seguridad derivados del uso de vehículos que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección, lo que hizo necesaria su sustitución inmediata para garantizar la seguridad de sus usuarios.
Con estas acciones, el Poder Judicial de la Federación reiteró su compromiso con la austeridad, la transparencia, la seguridad institucional y la correcta rendición de cuentas, fortaleciendo su capacidad operativa sin comprometer el uso responsable de los recursos públicos.
