Piden organizaciones, mayor compromiso del gobierno con los Derechos Humanos
Mérida, Yucatán, a 11 de diciembre de 2018.- 31 organismos de la sociedad civil y ciudadanos particulares demandaron del gobierno del estado mayor responsabilidad en materia de Derechos Humanos, atender de manera inmediata los casos de feminicidios, encauzar políticas públicas de seguridad para los grupos vulnerables y tareas legislativas para garantizar el pleno ejercicio de la población.
En el marco de la conmemoración del septuagésimo aniversario de la firma de la Declaración de los Derechos Civiles por la Organización de las Naciones Unidas, asociaciones civiles, universidades, grupos empresariales de jóvenes y activistas, firmaron un documento para pedirle al gobierno estatal mejorar las condiciones y calidad de vida para la población yucateca.
El pronunciamiento de organismos estudiantiles, instituciones académicas, grupos de artistas e intelectuales, fue dado a conocer en la Universidad Autónoma de Yucatán, que sirvió como referente a la petición de parte de los tres niveles de gobierno a responder a los problemas que impactan a hombres, mujeres, niños y medio ambiente.
José Pablo Quiñonez, dirigente de la agrupación Jornadas por los Derechos Humanos, dijo que, de los 58 feminicidios que se han registrado en Yucatán, únicamente se han alcanzado dos condenas contra los agresores. En tanto que, en materia de justicia, los índices de impunidad en el estado superan los 98.1 por ciento esto establece que, solo el 1 por ciento de las denuncias que se presentan alcanzan un juicio y condena para los maltratadores.
Expuso que a Fiscalía del Estado mantiene congelados 41 casos de agresiones contra mujeres, sin que se informe los avances y procesos en seguimiento judicial que representan.
Apuntó que la sociedad yucateca mantiene serias diferencias con grupos sociales minoritarios, como son los pueblos originarios, la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, que sufren constantemente de presiones sociales y agresiones por parte de los grupos sociales.
El pronunciamiento establece una preocupación por los aumentos de acciones agresivas contra mujeres, los derechos y prioridades del pueblo Maya, que día a día, es despojado de sus tierras y no recibe la atención y requerimientos en materia de educación, salud y seguridad social que reclaman.
De la misma forma, las crecientes denuncias de los ciudadanos por los casos de tortura de las entidades judiciales del estado, donde no se lleva el debido proceso y donde insistentemente son vulneradas las garantías individuales de las personas en custodia del estado por infracciones, delitos y crímenes diversos.
Así mismo, las numerosas acciones de abuso de autoridad de los servidores público, que bajo la condición del ejercicio de la fuerza, dañan, agreden, lastiman y perjudican a la sociedad, sin que se pueda establecer un mecanismo de sancione a estos servidores públicos en el accionar de sus tareas laborales y cotidianas.
A su vez, la rendición de cuentas por parte de instituciones estatales que han sido cuestionadas por su desempeño, accionar y procedimiento en el ejercicio de la fuerza y contra el estado de derecho s los ciudadanos afectados
