En Campeche proponen que menores definan su identidad de género
Campeche, Campeche, a 25 de enero de 2026.- El Congreso del Estado de Campeche recibió una iniciativa de reforma legal para garantizar el derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento de una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválido un requisito discriminatorio en el Código Civil local.
La propuesta, turnada a la Diputación Permanente en la primera sesión de enero, plantea modificar el artículo 149 Ter del Código Civil Estatal. El objetivo principal es eliminar la fracción que obliga a presentar una credencial para votar (INE) como requisito para solicitar una nueva acta de nacimiento que refleje la identidad de género autopercibida.
Los promotores de la iniciativa argumentan que ese requisito constituía una restricción absoluta y desproporcionada, pues las personas menores de edad no pueden obtener la credencial para votar, lo que les impedía legalmente acceder al reconocimiento de su identidad.
Según los legisladores que presentaron la iniciativa, esa exigencia vulneraba derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la identidad, la igualdad y la no discriminación, así como el interés superior de la niñez.
La exposición de motivos incorpora los fundamentos de la SCJN, que en diciembre pasado declaró inconstitucional la disposición criticada por violar derechos humanos y ordenó al Congreso estatal legislar para asegurar procedimientos administrativos accesibles, confidenciales y libres de requisitos irrazonables para el reconocimiento de identidad de género.
Los impulsos a esta reforma enfatizan que no se trata de crear un nuevo derecho, sino de restituir y garantizar uno ya existente, subrayando que “la identidad no se concede, se reconoce”, y que ningún niño, niña o adolescente debe crecer sintiendo que el Estado le niega quién es.
La iniciativa ahora deberá ser discutida y analizada en comisiones para después pasar a votación ante el Pleno del Congreso local, en medio de un debate legislativo que busca armonizar la ley estatal con las obligaciones constitucionales y los criterios de derechos humanos marcados por el máximo tribunal del país.
