Campeche perdió la tranquilidad bajo el gobierno de Layda Sansores Nacional

Campeche, Campeche, a 5 de febrero de 2026.— Lo que por años distinguió a Campeche del resto del país —la tranquilidad y la baja incidencia de delitos violentos— hoy se ha diluido. A más de cuatro años del inicio del gobierno de Layda Sansores, la seguridad pública se ha convertido en uno de los principales reclamos ciudadanos y en el talón de Aquiles de su administración.

Antes de 2021, Campeche figuraba de manera constante entre los estados más seguros de México. La violencia extrema era excepcional y la percepción social de seguridad formaba parte del día a día. Hoy, esa narrativa se rompió. Durante el actual gobierno, los homicidios dolosos, los hechos violentos y la sensación de riesgo crecieron, marcando un retroceso evidente frente a los años previos.

Más allá de los discursos oficiales, la realidad se refleja en la percepción ciudadana. Encuestas nacionales muestran que cada vez más campechanos se sienten inseguros, incluso en zonas donde antes predominaba la calma. Para muchos habitantes, el cambio no es estadístico, es cotidiano: mayor miedo, mayor desconfianza y una constante sensación de abandono por parte de las autoridades.

Ese deterioro se explica también por casos de alto impacto que marcaron la agenda pública durante esta administración. En Ciudad del Carmen, por ejemplo, se registraron ejecuciones a plena luz del día, con agresores armados que huyeron sin ser detenidos, hechos que rompieron con la imagen de un municipio históricamente tranquilo. En Champotón, vecinos denunciaron una ola de homicidios y ataques violentos en lapsos cortos, generando protestas por la falta de resultados en seguridad.

Uno de los episodios más graves fue el asesinato de una funcionaria municipal en el municipio de Palizada, ocurrido en 2025, un crimen que conmocionó al estado y evidenció que ni siquiera figuras públicas estaban a salvo. A ello se sumaron casos de feminicidios y agresiones sexuales que provocaron movilizaciones ciudadanas y reclamos por justicia, así como asaltos violentos a comercios, algunos captados en video y difundidos ampliamente en redes sociales.

La estrategia de seguridad del gobierno estatal ha sido ampliamente cuestionada. Críticos señalan falta de resultados, escasa coordinación efectiva y una narrativa oficial que intenta minimizar el problema comparándose con estados más violentos, en lugar de asumir que Campeche retrocedió respecto a su propio pasado. El argumento de que “otros están peor” no tranquiliza a una población que sabe que antes vivía mejor y más segura.

A esto se suma el desgaste político de la gobernadora, más enfocada —según sus detractores— en confrontaciones mediáticas, escándalos y disputas políticas que en fortalecer a las corporaciones de seguridad o construir una estrategia sólida de prevención del delito. El resultado es un gobierno que no logró sostener el principal activo histórico del estado: la paz social.

Conclusión

Campeche no necesitaba ser comparado con los estados más violentos del país; necesitaba seguir siendo el estado seguro que fue durante años. Bajo el gobierno de Layda Sansores, esa condición se perdió. Aunque las cifras absolutas aún no colocan a la entidad entre las más peligrosas, el deterioro es innegable y la percepción ciudadana lo confirma.

La seguridad ya no es un orgullo en Campeche, es una deuda pendiente del actual gobierno.

Cambio del Sureste || Campeche