Acusan simulación del IEPAC por no poner en marcha la Defensoría Electoral

Mérida, Yucatán, a 5 de mayo de 2026.— A casi cuatro años de su creación legal, la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales de Yucatán sigue sin funcionar. Comunidades mayas e integrantes de grupos vulnerables denunciaron que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán no ha cumplido con instalar el órgano, pese a mandatos judiciales firmes y a contar ya con presupuesto asignado.

El señalamiento se sustenta en la sentencia emitida el 15 de abril de 2026 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordena la instalación efectiva de la Defensoría antes del inicio del proceso electoral. La resolución advierte que no basta con acuerdos administrativos: el cumplimiento debe ser material y verificable.

Quienes promovieron el recurso acusaron que, desde la publicación del Decreto 655 en junio de 2023, el instituto ha acumulado omisiones. Aunque existieron resoluciones previas del Tribunal Electoral del Estado que instruían su implementación, el organismo no concretó acciones operativas.

Sergio Iván Pereira Gamboa señaló que la autoridad electoral ha recurrido a medidas que calificó como simulación, al emitir acuerdos y realizar gestiones sin traducirlos en servicios reales. En la misma línea, Bertha Pech Polanco expuso que esta falta de ejecución vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, especialmente para la comunidad maya.

La resolución federal también subraya que declarar cumplida una sentencia sin que el órgano exista deja sin protección el derecho que se busca garantizar. En ese contexto, los denunciantes sostienen que la omisión del IEPAC ha generado un escenario de indefensión para pueblos indígenas y sectores históricamente marginados.

Además, Pilar Villareal Ramírez destacó que para el ejercicio 2026 ya existe una asignación presupuestal de más de un millón 364 mil pesos destinada a la Defensoría, por lo que no hay impedimento financiero para su operación.

Finalmente, Juan Baas advirtió que darán seguimiento puntual al cumplimiento de la sentencia y a la actuación del instituto. Mientras tanto, la Defensoría continúa sin operar y el IEPAC mantiene pendiente una obligación central para garantizar el acceso a la justicia electoral en Yucatán.